La Regla 2 Minuto de decreto 2025 de 2015
La Regla 2 Minuto de decreto 2025 de 2015
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En aquellas empresas beneficiarias de las ayudas directas previstas en el presente real decreto-ley, el aumento de los costes energéticos no podrá constituir causa objetiva de despido hasta el 31 de diciembre de 2025. El incumplimiento de esta obligación conllevará el reintegro de la ayuda recibida.
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En relación con los contratos de servicios públicos de transporte de viajeros por carretera que se suscribieran en el año 2020 o siguientes, se aplicará lo dispuesto en los apartados anteriores, si perfectamente el anticipo a cuenta se calculará aplicando el porcentaje del 10 % al valor anual estimado del arreglo reflejado en el pliego de bases de la subasta.
A continuación, se presentan los decretos y resoluciones que son obligatorios y deben estar incluidos en una matriz de requisitos legales actualizada para el año 2025:
En caso de que sea necesario elevar la cuantía aprobada en cualquiera de las aplicaciones presupuestarias previstas para financiar las ayudas del capítulo I del título II y de las ayudas de los capítulos II, III y IV del presente título, para incrementar la financiación requerida a la presencia de las solicitudes presentadas, y al mismo tiempo existiera un saldo sobrante en otra aplicación, se podrán reajustar las cuantías de las aplicaciones presupuestarias entre sí mediante la correspondiente transferencia de crédito.
Aunque muchas de sus disposiciones fueron incorporadas en normativas posteriores, ha sido objeto de derogaciones y modificaciones, por lo que se recomienda revisar su vigencia coetáneo EN SUIN
La disposición derogatoria única suprime cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este Existente decreto-ley.
¿Qué van a hacer las Cámaras de Comercio con los mayores bienes que van a percibir de cuenta del incremento en las tarifas de renovación de las medianas y grandes empresas?
a) Como consecuencia de que el coste de las actuaciones financiadas haya sido inferior al antelación realizado.
Las pensiones del SOVI concurrentes con pensiones de viudedad de alguno de los regímenes del doctrina de la Seguridad Social tendrán en 2025 un importe anual de 7.610,40 euros, sin perjuicio de la aplicación del confín establecido en la disposición transitoria segunda del texto refundido de la Condición General de la Seguridad Social.
Durante el plazo máximo de suspensión fijado, las administraciones públicas competentes deberán, caso de quedar constatada la vulnerabilidad económica, adoptar las medidas indicadas en el crónica de servicios sociales u otras que consideren adecuadas para satisfacer la pobreza habitacional de la persona en situación de vulnerabilidad que garanticen su acceso a una vivienda digna.
Se comprobarán al menos un 30 % de las acreditaciones remitidas de acuerdo con el plan de conducta, para comprobar la realización por los beneficiarios de las actividades subvencionadas.
3. Renfe Viajeros, SME, SA, creará para cada origen-destino de los servicios ferroviarios de Media distancia que se presten tanto por la Nasa de ancho convencional, como por la de ufano métrico, declarados como obligación de servicio público por las administraciones competentes, incluyendo el servicio AVANT entre Ourense y A Coruña que se presta sobre la red de encantado convencional, el servicio AVANT entre el origen destino Madrid-Salamanca y el servicio de media distancia entre Alicante y Murcia prestado sobre la Garlito de altas prestaciones y en el servicio Avant Exprés de Barcelona a Tortosa, excluido el origen destino Barcelona Tarragona, los siguientes abonos y títulos multiviaje:
b) Devolver por iniciativa propia la prestación por cese de actividad, sin necesidad de esperar a la protesta de la mutua colaboradora con la Seguridad Social o de resolución 0312 de 2019 excel la entidad gestora, cuando considere que los ingresos percibidos durante el tercer y cuarto trimestre del 2024 o la caída de la facturación en ese mismo periodo pasarán los umbrales establecidos en el párrafo 1 con la correspondiente pérdida del derecho a la prestación.